Las leyes de inmigración en Estados Unidos son competencia federal, pero varios estados han comenzado a presentar demandas contra el gobierno federal. Si vives en uno de estos estados, es importante que conozcas qué pueden y qué no pueden hacer los gobiernos estatales respecto a inmigración.
¿Por Qué los Estados Demandan al Gobierno Federal?
Muchos estados han presentado demandas contra programas como DACA o la suspensión de deportaciones, argumentando que estas acciones violan la Constitución o afectan sus recursos. Por ejemplo, Texas y otros estados demandaron por DACA y DAPA, alegando que estos programas eran inconstitucionales o violaban la Ley de Procedimientos Administrativos.
Para tener validez legal, los estados deben demostrar que tienen legitimación (standing), es decir, que las políticas federales los afectan directamente. Algunos tribunales han aceptado estos argumentos cuando se demuestra un impacto económico o administrativo.
¿Qué Dice la Constitución?
La Constitución de EE. UU. otorga al gobierno federal la autoridad exclusiva sobre las leyes de inmigración. Esto significa que los estados no pueden crear sus propias leyes migratorias ni anular las federales. Este principio se conoce como preeminencia federal.
En el caso Arizona v. United States (2012), la Corte Suprema anuló varias secciones de la ley de inmigración de Arizona por entrar en conflicto con las normas federales. Lo mismo ha ocurrido con otras leyes estatales que intentaron crear sus propias reglas migratorias.
¿Qué Pueden Hacer los Estados Legalmente?
Aunque no pueden cambiar las leyes de inmigración en EE. UU., los estados sí tienen ciertos márgenes de acción:
- Control sobre beneficios estatales: Pueden decidir si otorgan beneficios como atención médica o licencias a inmigrantes indocumentados, siempre que usen fondos estatales y no entren en conflicto con la ley federal.
- Políticas de santuario: Muchos gobiernos locales adoptan políticas que limitan la cooperación con agentes de inmigración. Los tribunales han determinado que el gobierno federal no puede obligar a los estados a hacer cumplir sus leyes.
- Participación voluntaria en operativos federales: Un estado puede colaborar con agencias federales, pero no está legalmente obligado a hacerlo.
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